CDMX a 27 de febrero, 2024.- En un giro inesperado dentro del panorama político mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado a Argentina como el origen de una campaña de bots en redes sociales dirigida contra su administración, conocida como la Cuarta Transformación (4T). Esta acusación pone de relieve no solo la creciente influencia de la propaganda computacional en la política global, sino también las complejas dinámicas entre naciones en el ámbito digital.
La propaganda computacional, un fenómeno bien documentado en contextos electorales en Estados Unidos y otros países, utiliza algoritmos y bots para amplificar mensajes políticos, a menudo con el objetivo de manipular la opinión pública.
Estos bots, que pueden generar contenido y simular interacciones humanas en plataformas como Twitter y Facebook, han sido empleados tanto para apoyar como para atacar a figuras políticas, según estudios de la Universidad de Oxford.
El presidente López Obrador ha destacado que la compra de estos bots argentinos no solo busca desacreditar a su gobierno sino que, irónicamente, contribuye a la economía del país sudamericano en tiempos de necesidad.
Esta declaración, hecha durante su conferencia matutina, ha generado una mezcla de preocupación y sarcasmo en el discurso público, evidenciando la complejidad de la guerra informativa en la era digital.
La utilización de bots en la política no es un fenómeno nuevo. Sin embargo, la acusación de López Obrador sugiere una internacionalización de estas tácticas, donde actores políticos dentro de México recurren a servicios extranjeros para influir en el debate nacional.
Este escenario plantea interrogantes sobre la soberanía digital y la capacidad de los gobiernos para proteger el espacio cibernético de influencias externas.
La respuesta del presidente también ha sido notable por su llamado a la acción por parte de instituciones como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), instando a una investigación sobre estas prácticas.
Este enfoque destaca la necesidad de una regulación más estricta y de mecanismos de transparencia en el uso de tecnologías digitales en la política.
