Ciudad de México, 10 de enero de 2024 – En un movimiento significativo para combatir la corrupción inmobiliaria en la Ciudad de México, el Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, y el Secretario de Gobierno, Ricardo Ruiz Suárez, presentaron una iniciativa de reforma al Código Penal. Esta reforma busca agregar un capítulo y un artículo específicos para abordar esta creciente problemática, que ha sido intensamente denunciada por los ciudadanos, especialmente en la Alcaldía Benito Juárez.
Durante la presentación, Batres Guadarrama explicó la necesidad de adecuar el Código Penal a las realidades actuales, mencionando que los códigos se transforman con el tiempo, atendiendo a los cambios sociales, políticos y culturales. La corrupción inmobiliaria, señalada como un fenómeno cada vez más presente, requiere de un tratamiento especializado en el marco legal.
El Jefe de Gobierno hizo énfasis en la importancia de esta iniciativa para combatir el enriquecimiento ilícito y los impactos sociales negativos generados por la corrupción inmobiliaria. Entre estos impactos, destacó el encarecimiento de la vivienda, la especulación con los costos del suelo, problemas en la provisión de agua y riesgos en materia de protección civil, especialmente después de los sismos de 2017.
La propuesta legal establece sanciones severas, de 10 a 20 años de prisión, para los servidores públicos que permitan, por acción u omisión, la construcción de inmuebles o pisos adicionales no autorizados. La iniciativa también contempla agravantes en casos donde los servidores públicos obtengan beneficios económicos, ya sea para ellos mismos o para su red de familiares y asociados.
El Secretario de Gobierno, Ricardo Ruiz Suárez, reiteró la importancia de esta reforma para modificar la cultura política en el servicio público y erradicar la visión del enriquecimiento personal. La iniciativa se presentará al Congreso de la Ciudad de México, donde se espera que reciba el apoyo necesario para su aprobación y posterior implementación.
Esta medida se suma a otros esfuerzos legislativos recientes de la Ciudad de México, como el aumento de sanciones en materia de tala de bosques y el combate al robo de agua, reflejando un compromiso firme del gobierno actual para abordar y regular fenómenos sociales y ambientales de gran relevancia para la capital del país.
